Una ola de inseguridad y violencia sacude a Esmeraldas en la actualidad, cuya población vive en medio de la incertidumbre y miedo. El pánico obligó a la gente a encerrarse en sus viviendas y los propietarios de los negocios temen que grupos delictivos no les permitan trabajar.
La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas despliegan operativos de forma permanente y desde la Gobernación se ha indicado que se mantiene el control. En el programa Contacto Directo de Ecuavisa, el gobernador Frickson Erazo Vivero aseguró que la provincia ahora “es más segura y menos violenta que hace algunos años”.
Considera que el despliegue de uniformados ha devuelto la calma de forma relativa, pero el comercio está paralizado. Eso ocurre mientras la ciudadanía no tiene respuestas y la delincuencia continúa causando zozobra.
Ante escenario, ¿qué se debe hacer desde las autoridades para frenar la problemática?, ¿qué estrategias se deben implementar? Analistas entrevistados por Ecuavisa.com dan sus propuestas.
«Reforzar el trabajo de Inteligencia e investigación»
Alfonso Camacho Escobar es presidente de la Asociación de Generales en Servicio Pasivo del Ecuador. Asegura que para reducir la delincuencia en Esmeraldas se deben reforzar las tareas de Inteligencia por parte de las fuerzas del orden.
Así se podrá dar con los cabecillas de los grupos criminales y frenar las actividades criminales. También se debería incrementar el número de uniformados y ejecutar los planes operativos de la Policía Nacional.
«En Ecuador debe existir la cadena perpetua y endurecer las penas. No nos podemos dejar ganar de la delincuencia».
«En la justicia debe realizarse una profunda depuración»
Ramiro García Falconí, catedrático y presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Penal, manifestó que a la inseguridad se debe enfrentar de forma multifactorial. Asegura que se debe tomar en cuenta los siguientes factores:
Intervención efectiva en las cárceles. Si no se puede controlar los centros de rehabilitación social será muy difícil conseguir la paz y seguridad.
La justicia no debe servir a la delincuencia y fomentar la impunidad.
Incrementar la inversión social. «Si no se disminuyen los índices de pobreza e inequidad, tampoco tendremos seguridad ciudadana».
A su juicio, en Esmeraldas sí se pude mejorar la seguridad. «Siempre y cuando exista un plan coordinado entre las diferentes instituciones del Estado y se actúe de forma estructural».
«El problema radica en que, ante situaciones críticas de violencia, la única idea que se le ocurre al Gobierno es decretar estados de emergencia que no sirven para nada»
Transparencia en el manejo de cifras sobre violencia y criminalidad
Luis Córdova, experto en seguridad, manifestó que para enfrentar a la ola de criminalidad en Esmeraldas hay que tomar medidas a corto, mediano y largo plazo:
Corto plazo: se debe hacer una revisión de los procesos de generación y compilación de datos sobre la violencia e inseguridad. «Hay indicios graves de que hay opacidad en la metodología, fuentes de información y en las cifras que se entrega a la ciudadanía por parte del Estado. Me refiero a tasas de homicidio, índices delictivos y la eficacia de las operaciones de militares y policías». Eso impide entender la dinámica criminal en las zonas más conflictivas y no se puede tomar decisiones efectivas.
Mediano plazo: Es obligatorio hacer un mapeo del sistema financiero, lo cual no es tomado en serio por el Gobierno Nacional. «Se invierte muy poco en la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). No es prioridad hacer control de lavado de activos». Al no contar con seguridades en este ámbito, no se puede monitorear las zonas en donde existe mayor presencia criminal. «Se debe vigilar el sistema cooperativo, bancario y sistemas de transferencias de valores».
Largo plazo: abandonar la estrategia militar que se aplica dentro de «una torpe guerra contra las drogas». Esta solo apunta a decapitar a los supuestos líderes de las bandas delictivas, lo cual es una parte marginal del problema. «Debe haber una estrategia de seguridad efectiva con la intervención de actores de la sociedad civil. Se trata de construir el presupuesto de seguridad en las localidades con la participación de la gente para priorizar y legitimar la implementación de medidas que apoyen al Estado en el aislamiento e identificación de redes criminales».
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