La Contraloría General determinó posibles responsabilidades penales en la distribución de textos escolares del Ministerio de Educación. Este hecho se conoció este 22 de septiembre del 2023.
La Contraloría aprobó el informe con indicios de responsabilidad penal tras realizar un examen especial al Ministerio de Educación.
En esa auditoría se analizó la contratación del servicio de impresión de material escolar, su distribución, uso y destino entre enero de 2018 y diciembre de 2022.
El organismo de control informó a la Fiscalía sobre «discrepancias significativas entre las actas que respaldan la distribución de material escolar a unidades educativas de Esmeraldas y Carchi y el número de alumnos que asistían a esas escuelas».
En las instituciones educativas de esas dos provincias se entregaron kits de textos escolares valorados en USD 200.448.
En actas constó la entrega de 39.692 kits a siete centros escolares de Esmeraldas y tres de Carchi. Sin embargo, en los registros administrativos del Ministerio de Educación, durante el 2020 y 2021, a esas escuelas asistieron únicamente 545 alumnos.
Los rectores de esas instituciones educativas informaron a los auditores que «no recibieron la cantidad de textos escolares detallada en la documentación y que existían diferencias entre lo que constaba en las actas y la cantidad de estudiantes», indicó la Contraloría. Por ejemplo, se registró la entrega de 4.384 kits a una escuela con capacidad para 28 alumnos.
Otro rector indicó que no recibió textos escolares nuevos, sino libros deteriorados que iban a darse de baja en los inventarios de la escuela.
Otras autoridades «denunciaron presuntas adulteraciones de las actas, pues diferían los formatos, membretes y las hojas no estaban sumilladas ni numeradas», indicó el ente de control.
Postura del Ministerio de Educación
Tras conocer el informe de Contraloría, el Ministerio de Educación dijo que «ratifica su compromiso de colaboración con las autoridades de control y con el buen uso de los recursos públicos».
Esa cartera de Estado añadió que está presta a «brindar información de forma transparente respecto de este caso que ocurrió en el 2020, en el que la Contraloría determinó posibles responsabilidades penales en la distribución de textos escolares».
«En este caso, al ser de una posible responsabilidad penal, directamente en contra de las personas involucradas y no de la institución, el Ministerio de Educación no cuenta con información al respecto de los asuntos penales», agregó la institución.
.@Educacion_Ec ratifica su compromiso de colaboración con las autoridades de control y con el buen uso de los recursos públicos.
Estamos prestos a brindar información de forma transparente respecto de este caso que ocurrió en el 2020, en el que la @ContraloriaECU determinó… pic.twitter.com/llziztkXsO
— Ministerio de Educación del Ecuador (@Educacion_Ec) September 22, 2023
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