El presidente Daniel Noboa Azín emitió el Decreto Ejecutivo 202, mediante el cual declara el estado de excepción en Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro. Además, en los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar).
La decisión responde al accionar de grupos criminales organizados que buscan el control territorial en la Costa y parte de la Sierra del Ecuador.
Esta medida, vigente por 60 días, tiene como objetivo fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar el orden público.
Daniel Noboa extendió estado de excepción en otros tres cantones de Ecuador
El estado de excepción en Quito tiene estos lineamientos.
Mapa de homicidios en provincias con estado de excepción en Ecuador: patrón y foco de violencia
La violencia y conflicto armado en Ecuador el Gobierno sustenta la decisión en los índices de violencia, asesinatos, secuestros y delitos asociados al crimen organizado.
La declaratoria se enmarca dentro del conflicto armado interno que Ecuador enfrenta contra estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y la extorsión.
La presencia de estos grupos en territorios estratégicos ha derivado en una escalada de atentados, amenazas y ataques armados, principalmente en Guayas, Manabí y El Oro. Son provincias donde se concentran los principales puertos y corredores logísticos del país.
El Ejecutivo sostiene que el estado de excepción permitirá restablecer el control estatal y reducir la capacidad operativa de las bandas que afectan la paz ciudadana.
Derechos restringidos y alcance de las medidas
El Decreto Ejecutivo 202 establece la suspensión temporal del derecho a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia en las jurisdicciones mencionadas.
Esto autoriza a las fuerzas del orden a realizar allanamientos, inspecciones y requisas en lugares donde se presuma la presencia de personas vinculadas a actividades ilícitas o de grupos armados organizados.
Asimismo, se permitirá la intervención y análisis de comunicaciones físicas o electrónicas con el fin de identificar y desarticular redes delictivas.
Las acciones deberán ejecutarse bajo estricto respeto al debido proceso y con la participación coordinada de operadoras de telecomunicaciones y entidades de control.
Coordinación institucional y control constitucional
El decreto dispone que la ejecución de las medidas recaiga en el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, quienes actuarán en coordinación con otras instituciones competentes.
Además, la Presidencia de la República notificará la decisión a la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, la ONU y la OEA, conforme lo establece la legislación ecuatoriana.
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) remitirá informes clasificados a la Corte Constitucional para el control de constitucionalidad del decreto, conforme al artículo 27.1 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado.
La vigencia del estado de excepción
El estado de excepción entra en vigencia a partir del 5 de noviembre de 2025, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Durante este periodo, las autoridades buscarán neutralizar las amenazas presentes y futuras, y recuperar la seguridad integral del Estado ecuatoriano.
Fuente: www.elcomercio.com
Fuente PDF www.guayasnews.com
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