En un contundente golpe a las economías del crimen organizado, la Policía Nacional ejecutó el operativo “Emporio Presidiario”, que desarticuló una estructura dedicada al lavado de activos que habría movilizado aproximadamente USD 1.700 millones dentro del sistema financiero ecuatoriano.
La operación es el resultado de cerca de un año de investigaciones especializadas, que permitieron identificar una red delictiva con presencia en varias provincias del país.
La organización utilizaba empresas de fachada en sectores como transporte, alimentación, producción y seguridad privada para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.
Esta organización delictiva dedicada al delito de lavado de activos estaba liderada por Villagran Freire Richard de nacionalidad estadounidense, representante del Holding Empresarial RIASEM, quien conjuntamente con su círculo familiar utilizaron a sus empresas dedicadas a: transporte, alimentación, producción, seguridad privada, entre otras; para blanquear dinero.
Dentro de este esquema, las compañías PROVISIÓN DE ALIMENTOS S.A. PROVISALI y LAFATTORIA S.A., recibieron depósitos en efectivo en sus cuentas y en las de sus empleados por parte de personas con las que no mantenían ningún tipo de relación comercial, societaria o económica, siendo en su mayoría individuos con procesos judiciales por delitos como asesinato o ingreso de artículos prohibidos.
Asimismo, se identificaron transferencias vinculadas a la empresa CORGANPECSA, relacionada a la cónyuge de Adolfo Macías alias Fito, Inda Peñarrieta (que se encuentra prófuga de la justicia) procesada en el caso Blanqueo Fito por lavado de activos, así como a ex empleados y el círculo familiar de Azhael Roldán, sentenciados en el caso Blanqueo JR, con lo cual se buscaba dar apariencia de legalidad a activos de origen ilícito en el periodo 2017-2025.
Como parte de las acciones operativas, se realizaron 13 allanamientos en Guayas, Los Ríos y Pichincha, específicamente en los cantones Guayaquil, Samborondón, Daule, Yaguachi, Antonio Elizalde, Quevedo y Quito.
Estas intervenciones dejaron como resultado 11 personas detenidas —entre ellas un servidor policial— y tres ciudadanos retenidos con fines investigativos.
Durante los allanamientos se incautaron teléfonos celulares, equipos informáticos, vehículos y tarjetas bancarias, indicios clave que permitirán profundizar las investigaciones.
El ministro del Interior, John Reimberg, dijo que este operativo es, probablemente el mayor golpe a la economía criminal de “Los Choneros”, a quienes se atribuyen estos movimientos económicos.
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