VISTAZO
La comuna de Barranquilla de San Javier (Esmeraldas) presentó este martes un reclamo ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por daños registrados en las tierras donde habita desde hace más de tres siglos y que posee actualmente, provenientes de acciones atribuidas a empresas palmicultoras.
«Han comprado parte del territorio de Barranquilla de San Javier de manera ilegal e ilegitima; en evidente vulneración de los derechos territoriales y de propiedad colectiva», aseguraron representantes del poblado en un boletín de prensa firmado por la comuna y varias organizaciones sociales.
Con el apoyo de la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) y la organización «Acción Ecológica», quienes extendieron la reclamación destacaron que existe una superposición, de acuerdo a escrituras públicas, de 238.03 hectáreas, lo cual equivaldría al 15,79% del área total de la Comuna.
«De acuerdo con lo que dispone el Convenio 169 de la OIT, el Estado ecuatoriano está obligado a ‘[…] tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión‘”, refirió la Comuna en el comunicado, citando el artículo 14.2 del Convenio.
No obstante, se señalan que el Estado ecuatoriano ha incumplido con sus obligaciones, elevando así el conflicto social entre los pobladores. Además, indica que las actividades de una compañía que controla más de trece mil hectáreas en la zona para el cultivo de palma africana «han significado la deforestación del territorio y en general de la región, producto de la plantación agresiva e intensiva» de esta planta.
Refiriéndose al convenio 169 en una rueda de prensa, la abogada Silvia Bonilla, de la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres CEOSL, habló sobre las adjudicaciones y ventas de territorio a dicha empresa que se sobrepusieron al de la comunidad y sentaron las bases para la expansión de la siembra de palma, precisando que la comunidad no fue consultada sobre su realización.
«El convenio 169 de la OIT fue ratificado por el Estado ecuatoriano en el 1998. Posteriormente las constituciones de 1998 y del 2008 reconocen el derecho de las comunas afroecuatorianas a su territorio y la defensa de la vida en este territorio. El convenio 169 establece obligaciones para el Estado ecuatoriano (…) Tiene que no solo garantizar la propiedad de los territorios sino la inhabilidad», argumentó la letrada.
«Todas nuestras fuentes de lluvia, riego, están totalmente contaminadas. Ya no hay peces ni animalitos para cazar (…) Nuestros ancestros por mucho tiempo siempre habían cuidado de esa área para que de una u otra manera pues nosotros supiéramos mantener y dar el sustento diario a cada una de nuestra familia. Hoy en día es bastante penoso lo que estamos viviendo en la provincia de Esmeraldas«, consideró Luis Quintero, presidente de la comuna.
«Frente a esta situación, Barranquilla de San Javier con el apoyo de CEOSL y Acción Ecológica presenta una reclamación ante la OIT por el incumplimiento de las obligaciones del Estado al no garantizar la consulta previa libre e informada, la intangibilidad e imprescriptibilidad de este territorio ancestral y la contaminación de este», concluye el boletín.
Comentarios acerca de este post